Por Rafael Hernández
El Cincel
La serie Law & Order. Special Victims Unit (que en su versión en español para América Latina se conoce como La Ley y el Orden. UVE) es una entretenida recreación ficticia del Distrito 16 de la Policía de Nueva York, concentrada en la persecución de los delitos de abuso sexual por un grupo policiaco de élite. Si además de este tema abordara las violaciones a las normas constitucionales de México es seguro que, en alguno de los capítulos de la 21ª Temporada, la detective Olivia Benson perseguiría al insolente violador serial que ocupa la gubernatura de Baja California.
Un violador en serie o violador serial, nos dice la criminalística, es un individuo que recurrentemente comete violaciones y agresiones sexuales a diversas personas. Independientemente de las patologías sicológicas que padezca, estudios recientes indican que la motivación principal de estos delincuentes es el ejercicio de una dominación total sobre sus víctimas, su humillación sicológica extrema y la total indefensión de éstas.
Componentes similares a los mencionados se pueden encontrar en lo que podemos llamar la tipología de la violación serial de la Constitución: el depredador busca una dominación sin límites a través del ejercicio arbitrario del poder político, experimentando la humillación de sus opositores y de la sociedad civil, así como la indefensión de las normas y colectividades agredidas.
Protegido por su amigo el Presidente de la República y por el gobierno federal, que le han tendido un manto de impunidad, Jaime Bonilla ha violado en forma reincidente la Constitución Política y las leyes mexicanas. Primero burló las normas para obtener el registro como candidato a gobernador, pese a que incumplió el requisito de elegibilidad que demandaba un mínimo de cinco años de residencia en ese estado siendo que, en el año 2016, cuando inscribió su candidatura a director del Distrito de Agua de Otay, California, se había registrado como vecino de aquél condado de los Estados Unidos.
Después, promovió y apadrinó en el Congreso bajacaliforniano, con dinero y promesas políticas, una improcedente reforma para alargar tres años adicionales el periodo para el que fue electo, reforma inconstitucional que aún no ha sido reputada de esta manera por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que hasta esta fecha dicho alargamiento se encuentra en la situación de que “va a pervivir”, para citar las palabras que al respecto le regaló la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero (La Jornada, 1 de noviembre de 2019).
Ni un mes después de acceder al cargo de gobernador, el gabinete de Bonilla se vio envuelto en el cobro de moches y cohechos, con motivo de la adjudicación de contratos y el trasiego de dinero en efectivo que, aunque produjeron la renuncia del Oficial Mayor y la Secretaria de Bienestar, no han sido esclarecidos hasta el momento.
En los últimos días del mes de diciembre, Bonilla hizo aprobar al Congreso estatal de Baja California otra reforma para rendir informes de gobierno cada mes de manera que estos ejercicios, de falsa transparencia y simulada rendición de cuentas, le permitan autopromocionarse mediante la propaganda acerca de los supuestos logros gubernamentales. Para no variar, también esta reforma es violatoria de la Constitución, de la Ley electoral federal y de las propias normas de aquél estado fronterizo, por lo que cabe preguntar: ¿cuándo se marcará el alto a este depredador serial?
Cincelada: La historia del populismo es un maremágnum de disparates, a veces de izquierda y otras de derecha (Ugo Pipitone).
