Las poblaciones que viven en las calles y en particular las mujeres son inexistentes para las políticas públicas y discriminadas e incómodas para una sociedad conservadora como la mexicana, que las señala doblemente por ser mujeres y vivir en la calle.
Se señaló en la presentación, el 6 de noviembre, del “Diagnóstico sobre las condiciones de vida, el ejercicio de los Derechos Humanos y las políticas públicas disponible para mujeres que constituyen la población callejera” realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En la investigación sobre las condiciones de vida de estas poblaciones en cinco ciudades del país –Ciudad de México, Puebla, Tijuana, Guadalajara y Acapulco– se destacó tres aspectos.
Primero; la violación a los derechos humanos que enfrentan las mujeres que viven en la calle; en segundo lugar, los obstáculos que enfrentan como el acceso a la identidad (acta de nacimiento), no tienen derecho a la salud, a la educación, a programas sociales para sus hijas e hijos; y, en tercer lugar, se proponen recomendaciones para construir políticas públicas para este sector de la población.
A las mujeres en situación de calle se les discrimina enormemente, trabajan para vivir y tienen hijos e hijas. Entonces tenemos familias, lo que habla de la gran violencia que debemos erradicar, respecto a estas condiciones adversas, señaló Eréndira Cruzvillegas Fuentes, Cuarta Visitadora de la CNDH.
Se refirió también a que personas mayores que han sido expulsadas de sus hogares engrosan esta población que no se consigna en las estadísticas oficiales, por lo que es una población creciente que no tiene voz, representantes, ni techo.
Al respecto, destacó que también se encuentran los procesos de limpieza social de las ciudades, la llamada “gentrificación” (limpiar la calle) y se llevan a la población callejera para “chulear” los entornos sociales y les desalojan sin que nadie las defienda.
Tan solo en la Ciudad de México, en un estudio de poblaciones callejeras 2017-2018, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social, se estimaba en al menos 6.754 personas que viven en las calles, de las cuales 670 son mujeres.
Myrna Salazar Álvarez, de la Asociación civil “El Caracol”, se refirió a los riesgos a que se exponen las mujeres al dedicarse al comercio en la vía pública, por la corrupción de parte de las autoridades y la violencia sexual de sus compañeros, ya que se les maneja como si fueran una propiedad pública y, cuando denuncian, se les revictimiza por estar en la calle.
Agregó que no existen políticas públicas para las mujeres que viven en la calle. De acuerdo a la investigación, la escolaridad es de primaria hasta el momento de huir de sus hogares, por lo que solo tienen acceso a trabajos precarizados sin garantías legales, y no tienen acceso a información sobre planificación sexual, cuando debieran tener derecho a que se les dé información sobre salud reproductiva.
Entre las recomendaciones, destaca que las autoridades les otorguen facilidades para la obtención de documentos de identidad sin cobro, se sensibilice a los funcionarios públicos para que no cometan actos de discriminación con las poblaciones callejeras y elaboren los censos para obtener la información específica sobre las mujeres que viven en las calles.
SEMIac
