A pesar de los avances en leyes y políticas públicas que favorecen la igualdad de derechos de la diversidad sexual, la violencia simbólica y física hacia este sector aún prevalece en la mayor parte del país. Así se confirmó el pasado 30 de octubre cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer el Informe Especial sobre la situación de los Derechos Humanos de las personas LGBTI en el que se revelan los grados de discriminación y violencia que viven gays, lesbianas, bisexuales y trans en México.
A pesar de que cada día se habla más de lo LGBTI, los datos no son alentadores en ámbitos gubernamentales y legislativos, espacios de convivencia social y medios de comunicación, pues de acuerdo al informe los delitos más denunciados son discriminación, homicidios y lesiones infringidas en contra de personas no heterosexuales.
Ismael Eslava Pérez, primer visitador general de la CNDH detalló que para la realización del documento, ese organismo solicitó información a todas las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia estatales, aunque sólo 18 proporcionaron datos sobre las averiguaciones previas y carpetas de investigación relacionadas con personas LGBTI, que conjuntamente sumaron 390 indagatorias ministeriales.
Lo anterior es alarmante si se tiene en cuenta que 14 instancias estatales de justicia no tienen información al respecto o en todo caso, no les interesa documentar las denuncias sobre odio y violencia motivadas por orientación sexual. Es decir, esos estados no han hecho caso a las recomendaciones del Protocolo de Actuación para el Personal de las Instancias de Justicia en el país, en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, publicado en febrero de 2018 y que en su momento se comprometieron a aplicar las procuradurías de todo el país reunidas en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
En síntesis, las 217 carpetas de investigación abiertas por la CNDH tienen el componente de discriminación como fundamento de la denuncia, 100 responden a homicidios, y 52 por lesiones infringidas contra personas LGBTI por el sólo hecho de serlo. De las víctimas, 251 fueron hombres gays, 61 lesbianas, y 46 personas trans. La edad promedio de las víctimas fue de 32 años.
La metodología empleada por la CNDH se basó en solicitudes de información presentadas ante instancias de justicia sobre las acciones afirmativas, políticas públicas implementadas y la atención a quejas en agravio de las personas LGBTI entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017, dirigidas a 15 autoridades federales y 192 estatales, así como a los 32 organismos públicos de derechos humanos de cada entidad federativa.
La falta de interés de las instancias consultadas arroja un déficit de la información real para que la CNDH pudiera hacer un análisis lo más cercano a la realidad. No obstante, el informe sí reflexiona sobre el derecho de todas las personas a contraer matrimonio sin importar orientación sexual o identidad de género, da un contexto general de lo que se ha avanzado y de los rezagos registrados en la mayoría de estados sobre este tema.
Un foco del análisis de este informe radica en la necesidad de concentrar esfuerzos en el cumplimiento de derechos para que las personas LGBTI puedan ejercer plenamente el derecho a la vida, a la salud, a la igualdad y no discriminación, a la seguridad jurídica y social, al matrimonio igualitario, y al reconocimiento de la identidad de género.
Es importante que la CNDH -presidida hasta el 12 de noviembre por Luis Raúl González Pérez-, reconozca la insuficiencia del ejercicio de los derechos humanos del colectivo LGBTI en el ámbito normativo y devele la carencia de mecanismos para la evaluación de políticas públicas en favor de las personas de la diversidad sexual.
A través del documento, el organismo propuso al Estado mexicano distintas medidas encaminadas a la adopción de un enfoque amplio en materia de derechos humanos e inclusión sustantiva, con el objetivo de garantizar al colectivo LGBTTTI el pleno ejercicio y disfrute de sus derechos.
Este “corte de caja” que presentó la CNDH previo a la cuestionada designación de Rosario Piedra Ibarra, deja una tarea titánica para el hoy cuestionado “órgano autónomo”, que de acuerdo con palabras del relator, se ha visto imposibilitado de actuar por falta de información oficial en temas de diversidad sexual.
Ante la imposición de una Ombudsperson y de un gobierno federal preocupado por influir en todos los órganos autónomos, se vislumbra muy complicado que se le dé continuidad a los esfuerzos que hasta el momento ha desarrollado la CNDH en los temas de diversidad sexual. Se espera que la congruencia de quien llega a presidirla sacuda el tufo autoritario de quien la impuso y realmente trabaje para el bien de la sociedad en aras de terminar con la discriminación ejercida contra sectores violentados por el Estado mexicano en temas de derechos humanos.
@antoniomedina41
